Grupos armados colombianos: entre protección e intimidación

Después de más de 60 años de guerra, el resumen del conflicto colombiano se vuelve alarmante. 218 000 muertos, 5,7 millones de desplazados, 25 000 personas desaparecidas, 1982 masacres y cerca de 490 000 mujeres víctimas de abuso sexual. Como era de esperar, las empresas extractivas resaltan entre las principales responsables de estos crímenes. Ellas propagan la violencia y participan en las violaciones de derechos humanos en el territorio con el fin de apropiarse de las tierras y de proteger sus recursos.

La relación entre el sector extractivo y los grupos armados es evidente, las compañías utilizan la militarización de las regiones para mover a las poblaciones e instaurar un ambiente de terror. Por consecuente hay amenazas, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y judicialización, es decir la utilización de procesos legales contra las víctimas, de las y los que se opongan a estos proyectos de explotación.

Cuando las empresas se instalan en zonas controladas por la guerrilla, se les impone un impuesto de guerra. Entre 1980 y 2000, esta contribución representaba entre el 40 y el 60% del presupuesto de estos grupos revolucionarios, un aporte más importante que el del narcotráfico. De esta manera, las empresas financian directamente el conflicto armado.

Una vez instalados y listos para explorar y luego explotar, las transnacionales del sector energético contratan agentes privados con el objetivo de procurar la protección de sus recursos. Estos agentes privados participan en actos ilegales tales como la instalación de puestos de control en las calles, violando el derecho de los habitantes a la libre circulación. En 2013, la corte interamericana de los derechos humanos denunció la responsabilidad de los agentes privados de la empresa Occidental Petroleum que habían difundido informaciones estratégicas en las fuerzas armadas colombianas. Un crimen que condujo a la masacre de Santo Domingo dónde 17 individuos perdieron la vida, incluyendo 7 niños.

El estado colombiano confirma su complicidad con las empresas extractivas poniendo al servicio de las compañías, a fuerzas armadas y a agentes del Estado. Batallones especiales energéticos fueron creados con el objetivo específico de proteger los sectores de explotación. Estos grupos representan el 36% de la armada colombiana. Es importante recalcar que Colombia ocupa el segundo rango a nivel latinoamericano en términos de componentes militares, con 281 400 soldados. Una cifra impresionante que equivale a 6,2 soldados por 1000 habitantes. Sin contar los agentes de policía y otros actores armados estatales.

A estos actores se les agrega, el apoyo de los grupos paramilitares que vienen a defender los intereses económicos de las compañías extractoras y perpetúan amenazas, asesinatos, violaciones de las normas nacionales e internacionales. La relación entre el gobierno y los paramilitares se conoce bien: “los policías se ponen pasamontañas y bandas en los brazos indicando que pertenecen a los grupos de las auto-defensas”, nos informan las víctimas de los actos de intimidación. Según el gobierno, los paramilitares dejaron de ser una amenaza desde el proceso de desmovilización de 2003, dónde los paramilitares aceptaron un alto al fuego. Desde el punto de vista de las comunidades, esta estrategia se volvió como un medio para permitir la impunidad de sus crímenes. Hoy, para no admitir la presencia de paramilitares, el gobierno de Santos prefiere hablar de “bandas criminales emergentes” – BACRIM. El problema de esta nueva apelación es que las víctimas de los actos cometidos por miembros de las BACRIM no son reconocidas como víctimas del conflicto y por ende no tienen acceso a las protecciones garantizadas por la Ley de víctimas (ley 1448). Entre las medidas adoptadas en esta ley, las protecciones incluyen la restitución de tierras, la relocalización o las indemnizaciones.

En Colombia, se cree que las empresas transnacionales son las responsables de más de 1200 asesinatos selectivos, de 3700 desapariciones forzadas y de un millón de desplazados. El 80% de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra las comunidades autóctonas o afro-descendientes ocurren en las zonas de producción minera o de petróleo. Por otra parte, el 78% de los crímenes contra sindicalistas suceden en estas mismas regiones.

La otra estrategia manejada por las empresas y el Estado con el fin de callar la oposición en las actividades de las transnacionales, es la judicialización. En Colombia, se cuentan más de 7500 prisioneros/as políticos/as. Los procesos legales permiten frenar las movilizaciones y obligan a las organizaciones sociales y a las víctimas a inclinarse hacia la cuestión jurídica en vez de dedicarse a otras acciones.

Las estadísticas hablan por si mismas y permiten dibujar una correlación entre la presencia de empresas extractivas y la militarización de las regiones colombianas. Sin embargo, a pesar de las tentativas de hacer callar a los líderes sociales y a los defensores de los derechos humanos, las organizaciones sociales colombianas y las comunidades siguen estando muy activas en cuanto a la denuncia de cada violación.